A partir de un estudio realizado por ARO | Asesoría en Recursos Organizacionales, se ha determinado que no existe financiamiento en Costa Rica para la aplicación de la Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos dentro del presupuesto nacional asignado a través del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 pues no se incluye ningún programa, plan o proyecto dentro del presupuesto nacional definido a partir del mismo.

Además, según la investigación realizada sobre el nivel de aplicación de la Ley 8839, se evidencia que aún no se ha desarrollado múltiples instrumentos que la ley establece como necesarios para su correcta aplicación como por ejemplo el Programa Nacional de Educación en GIR, el Sistema Nacional de Información sobre GIR, y sobre todo aún no se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Residuos Sólidos conocido por sus siglas como PRESOL, el cual fue elaborado desde el 2004. De hecho existe actualmente una actualización de que data de abril del 2016 pero esa actualización no fue hecha de una forma participativa como exige la ley 8839 y su reglamento. Esto sucede porque se utilizó una metodología que impide la participación ciudadana en su proceso de construcción; de hecho, en el listado de participantes en dicho proceso es de destacar que solo aparece 3 participantes en representación de la sociedad civil, mientras se indica la participación de 98 funcionarios solamente del Ministerio de Salud, ente rector en la materia. Además nunca fue consultado a la sociedad civil por los medios pertinentes ni ha sido realmente validado como corresponde.



Esto nos da la certeza de que si bien existe una muy robusta legislación en el tema y una fuerte estructura jurídica en la que intervienen otras leyes, reglamentos, políticas, convenios y acuerdos internacionales; pero no existe una correcta y eficaz aplicación de éstas. Y a partir del diagnóstico realizado a nivel país en este tema, se evidencia que la ciudadanía no conoce lo suficiente al respecto para que pueda actuar en consecuencia. Es por eso que se hace imprescindible por una parte gestionar el financiamiento requerido y por otra parte, informar correctamente a toda la población sobre el sistema legal al cual ésta se debe adaptar pues esta ley es de acatamiento obligatorio para todos. Pero como no basta solo informarse, se debe también crear las condiciones para que la ciudadanía, una vez informada, pueda encontrar los espacios desde los cuales incidir a través de su participación.

Para lograr la incidencia de individuos, grupos no formales así como de organizaciones tanto de tipo comunitario como de los sectores productivos del país y de las organizaciones pertenecientes al estado, como instituciones públicas, es necesario que se aplique los principios definidos en la Ley 8839 y su reglamento y respaldados tanto por la Constitución Política como por acuerdos internacionales como lo es RIO +20.

Es por esta razón que ARO ha creadoo una estrategia para la aplicación de la teoría de la Gestión Integral de Residuos mediante una metodología que promueve no solo la participación ciudadana en su implementación, sino que también garantiza que los instrumentos legales existentes sean sometidos a un proceso de actualización en el que participe la sociedad civil en su actualización , y los instrumentos que ha de crearse en este nuevo contexto, deben tomar en cuenta a la sociedad civil en su planteamiento, formulación, diseño y elaboración, como lo indica el principio de Construcción Participativa.

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